190 años del genocidio charrúa

El 11 de abril de 1831, a orillas del arroyo Salsipuedes, los charrúas fueron exterminados por el gobierno encabezado por Fructuoso Rivera. La joven burguesía criolla, a sólo un año del surgimiento del Uruguay como Estado independiente, nacía las manos manchadas de sangre.

Escrito por Federico

Latifundio y genocidio

La débil burguesía oriental del naciente Estado-tapón, tenía el objetivo de asegurarse la propiedad y explotación de las tierras y el ganado de la campaña. Rivera observó que los charrúas eran “los poseedores desde una edad remota de la más bella y codiciable porción del territorio de la República”.

A los ojos de la burguesía, los charrúas eran un enemigo inmediato a los que había arrebatar sus tierras, lo que sirvió como un elemento más para consolidar el lastre del latifundio que se arrastra hasta nuestros días.

No había nada nuevo en esta actitud de la burguesía criolla; era el mismo método de sometimiento y exterminio con el que la colonización se había impuesto en América contra las poblaciones originarias.

La campaña de persecución y represión contra los indígenas tuvo su desenlace en la sangrienta operación del 11 de abril dirigida por Bernabé Rivera y el general Julián Laguna.

Los pocos charrúas que pudieron escapar de la matanza fueron obstinadamente perseguidos para ser asesinados. Los sobrevivientes fueron degollados de forma ejemplarizante en días posteriores, las mujeres fueron violadas y junto con los niños, trasladados por la fuerza a Montevideo para ser entregados como esclavos a diferentes familias ricas. Un grupo de charrúas fue enviado a Francia para ser exhibidos como “animales exóticos”.

Así actuaron los tan venerados “líderes de la patria” que tan timoratos habían sido con las potencias extranjeras.

Olvido e impunidad

La burguesía intentó dejar el tema en el olvido, fomentando la idea de que los indígenas se habían “extinguido naturalmente”, rodeando su fábula de todo tipo de prejuicios racistas.

Pero, para su desgracia, el etnocidio reaparece como un fantasma, al igual que siguen reapareciendo los fantasmas del Terrorismo de Estado del golpe de Estado del 73. Tanto en uno como en el otro, connotados dirigentes de la burguesía como Sanguinetti, siguen gastando, hasta el día de hoy, ríos de tinta y horas de discurso para justificar uno y otro hecho.

No es casualidad que la lucha por el reconocimiento del genocidio y las poblaciones charrúas actuales haya tomado impulso a partir de la caída de la dictadura. Hay un entrelazamiento histórico con el hilo común de la impunidad, de la cual tanto aquella burguesía patricia como sus herederos contemporáneos son responsables, en uno y otro caso.

Uruguay, cuyo último censo reveló que existe casi un 5% de la población que se identifica como indígena, no reconoce el convenio 169 de la OIT, relacionado con los derechos de las poblaciones originarias. No lo hace porque esto podría abrir un resquicio legal que amenazaría con impulsar la lucha, entre otras cosas, por la recuperación de aquellos territorios robados, de lo cual los terratenientes está totalmente en contra.

Por eso, hasta el día de hoy, la burguesía y su Estado se han negado a reconocer oficialmente el genocidio charrúa, como se ha negado a encerrar a la mayoría de los torturadores que continúan libres y amparados en su Ley de Impunidad.

La única forma de obligarlos es peleando desde abajo, que es como se ha logrado que la memoria popular se mantenga viva como el combustible que impulsa nuestra lucha.