Aporte al debate sobre la Salud Mental y la ley

“El control de la sociedad sobre los individuos no sólo se efectúa mediante la conciencia o por la ideología, sino también en el cuerpo y con el cuerpo. Para la sociedad capitalista es lo bio-político lo que importa ante todo, lo biológico, lo somático, lo corporal.” Michel Foucault

Escrito por Bruno y Federico, estudiantes de Psicología en la UDELAR

Las normas sobre salud mental que están vigentes en Uruguay fueron redactadas en la primera mitad del siglo pasado y datan del año 1936. Las personas que afrontan ésta problemática y sus familias vienen siendo desde hace décadas estigmatizadas, sometidas a internaciones prolongadas, aislamiento, tratos inhumanos y la violación de los más elementales derechos humanos.

Desde hace mucho que se habla de la desmanicomialización en el mundo, y en Italia el nombre de Franco Basaglia es mostrado como uno de los precursores en este tema.  En Uruguay y la región, se abrió éste muy interesante debate, sobres los proyectos y  Leyes que dicen cambiarían la situación en el abordaje de los problemas en la salud mental.  Sin duda un enorme cambio se hace necesario en éste, como en otros temas que refieren a la salud, principalmente de los trabajadores y los más pobres.

La letra de la Ley, la realidad y lo que no dice

El proyecto de Ley fue aprobado en la Cámara de Senadores y votado por todos los partidos. Parte del texto señala que «las violaciones de derechos humanos y la denegación de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales” a las personas que transitan esta problemática “son comunes, tanto en ámbitos institucionales como en la comunidad» y agrega que el «estigma» como la «discriminación» actúan como obstáculos para el «pleno ejercicio» de los derechos de estos ciudadanos, agregando que el cambio de modelo de atención es «crucial» para que la salud mental se aborde de manera «integral» y desde una «perspectiva de derechos».

La Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental, emitió un comunicado en el que manifestó sus discrepancias con el proyecto. Pide que el órgano de revisión sea independiente y autónomo. Solicita un cronograma de cierre progresivo de los asilos y que todos los actores involucrados participen en el plan de cierre. Critica que el proyecto “nomine a las personas usuarias como personas con ‘trastorno mental’” porque “no hace más que estigmatizar y patologizar el sufrimiento psíquico”.

El texto de la Ley de Salud Mental ha puesto en discusión un tema muy sensible. Habla de comunidad, de nuevas estrategias en la atención, pero no profundiza nada y hace muchas omisiones. Por ejemplo, el texto no dice una palabra de las niñas, niños y adolescentes que permanecen internados por periodos prolongados en clínicas Psiquiátricas privadas, que han sido denunciadas años atrás por vulneración de derechos, y las cuales se han enriquecido trabajando exclusivamente para el Estado.

La pregunta surge entonces de inmediato ¿Quién se hará cargo de estos pacientes en el cronograma de cierre que se plantea? ¿Serán estas clínicas privadas reconvertidas?, ¿las ONG que termina subsidiando el Estado? Desde el Banco Mundial y la OMS hace mucho que tienen una política descentralizadora y privatista de la atención en salud, y si bien se ubican desde denuncias de situaciones reales, lo que hacen es fortalecer el sector que hace un gran negocio. En Uruguay, el recorte del Presupuesto llevado adelante por el FA, tanto en ASSE como en toda la Salud Pública, han dejado sin recursos a los hospitales públicos haciendo retroceder la atención y la calidad de los servicios. Un ejemplo es lo que pasó con el Hospital de Clínicas al cual se le negaron los 120 millones de dólares para su readecuación en base a un proyecto presentado por los trabajadores, demostrando que no es excepción. Y ahora el gobierno entregó a manos de los mercaderes de la salud privada y al negociado de las PPP el Hospital Universitario. Por eso el rumbo privatista tomado y aconsejado por los organismos internacionales lleva de seguro a que los proyectos de salud mental terminen en manos de quienes lucran y hacen negocios en nombre de la salud.

¿De dónde saldrá el dinero para construir las salas con condiciones dignas y personal idóneo e interdisciplinar que estará en los hospitales generales atendiendo los problemas de salud mental? ¿Cuál será el destino de los trabajadores de las Colonias, quien los formará y cuál será su destino? ¿El Estado dará viviendas dignas a todas las personas con problema de salud mental que las necesiten? ¿Habrá un trabajo digno para ellos, posibilidades de estudiar e incluso de hacer arte?  Creemos que la situación de nuestra salud pública, la falta de empleo, especialmente en la juventud, y el deterioro de nuestra Educación muestran un panorama poco alentador a estas interrogantes.

Solo un sistema de Salud totalmente en manos del Estado, eliminando el lucro y el negocio privado de clínicas, bajo control de los trabajadores, usuarios, familiares y organizaciones de DDHH y la UDELAR, podrá garantizar una verdadera salida a la salud mental y a toda la salud pública. Para ello necesitamos un presupuesto sin recortes, con un aumento considerable en la Salud Pública.