Un debate sobre la seguridad y la impunidad

El problema de la seguridad ha sido puesto nuevamente en debate. Esta vez, a raíz de lo ocurrido en el barrio Carrasco, donde en medio de un robo y forcejeos, hirieron de muerte a  Heriberto Prati. A partir de este hecho, figuras muy conocidas de la clase alta salieron cacerola en mano, a reclamar por la seguridad.

Entre ellas, se destacaban la “princesa” Laetitia d'Arenberg (propietaria del Establecimiento y Haras Las Rosas y Tambo Lapataia), la senadora del Partido Nacional, Verónica Alonso, y la esposa del capitán retirado de navío, Jorge Elizondo, entre otros.

Luego de finalizada la protesta, un periodista se acercó al local de Tienda Inglesa, donde las empleadas comentaban que “Había gente que compraba cacerolas de 2.000 pesos. Les preguntábamos: ‘¿Se las envolvemos?’, y nos contestaban: ‘No, las vamos a usar ahora’”.

Según publica La Diaria, Con los días, se supo más. La mujer que robaron, “es hija de Javier Methol, un sobreviviente del avión que cayó en Los Andes en 1972, y Prati era un oficial retirado de Fusileros Navales”.

La derecha aprovecha para pedir mano dura

Luego de estos hechos, el senador colorado Pedro Bordaberry, y el dirigente del Partido Nacional,  Jorge Larrañaga, hablaron de que impulsarán la censura parlamentaria del ministro del Interior Eduardo Bonomi, planteando de esta forma, la posibilidad de disolución de las Cámaras y el llamado a elecciones parlamentarias, si ésta fuera votada afirmativamente.

Aunque estos sectores no cuentan actualmente con mayoría parlamentaria, por lo que sería hoy imposible que lleven adelante lo anteriormente planteado, en el recuerdo de muchos apareció la disolución de las Cámaras y el golpe de estado que llevó adelante el padre de Pedro, Juan María Bordaberry, hoy fallecido, y que estuvo preso por crímenes, torturas y violaciones a los derechos humanos ocurridos en la dictadura.

Pedro Bordaberry, como otros dirigentes del Partido Colorado, el Partido Nacional, y el grupo de Novick, desde hace mucho tiempo reclaman “mano dura” contra los pobres y los trabajadores. Aprovechan cualquier hecho de violencia para pedir más policías, aumento de penas, y más represión.  

Muchos de estos políticos, son nostálgicos del golpismo, y son los que defienden a capa y espada que los militares y civiles golpistas permanezcan en libertad. Esta derecha represora tiene una larga historia de reprimir las huelgas y las luchas obreras y nunca ha dado en sus gobiernos una solución de fondo al problema de la violencia, sino por el contrario, han sido una y otra vez generadores de ella. Por tanto acompañamos el repudio generalizado a estos dirigentes, a estos nostálgicos del garrote que siempre quieren más represión.

El gatillo fácil y la violencia contra la juventud

Pero más allá del discurso típico de los que piden mano dura, el tema de la seguridad es muy sentido, sobre todo en los barrios populares y de trabajadores.

Quienes más sufrimos la inseguridad somos los jóvenes, los trabajadores, los barrios obreros y la población más pobre. El día 10 de octubre fue asesinado en la puerta del baile Coyote, Nicolás Cuña. Los que lo mataron no eran otros jóvenes de barriadas pobres, como le gusta mostrar siempre a los grandes medios de comunicación.

Los asesinos son integrantes de la Guardia Republicana, que trabajaban de patovicas en el local bailable. Nueve disparos efectuaron dos efectivos de la Guardia Republicana la noche de los incidentes frente al local de Coyote. Una de las balas, según relata el diario El País, mató al joven Nicolás Cuña. Provenía de una pistola de la policía 9 x 19. El arma en cuestión, marca Glock, utiliza balas "encamisadas" o "full metal jacket". Se trata de munición de guerra que para los expertos no es adecuada para el uso policial que se le está dando.

Pero este no es el único caso. Hace poco tiempo fue arrojado en las canteras del Parque Rodó otro joven, Gabriel, que fue hallado en estado de coma luego que uno de los patovicas lo arrojara al vacío. Los dueños o concesionarios de este baile, manejan también, según el diario El País, Plaza Mateo y el Forte di Makale.

En 2013 Sergio Lemos, un joven trabajador de Santa Catalina, fue asesinado por un policía, ya que lo “confundieron” con un delincuente. En 2011 un móvil policial atropelló y le quitó la vida a Santiago Masseroni, estudiante de Magisterio y trabajador de la empresa Bader. La policía mintió e intentó hacerlo pasar por alcoholizado, la mentira duró pocas horas, ante la marcha de sus amigos, familiares y compañeros de magisterio.

Esto es sólo para nombrar algunos de las decenas de casos ocurridos en los últimos años, y que son moneda corriente en los barrios populares.

El problema de la delincuencia 

Es cierto que existen sectores que, empujados durante décadas al desempleo, a la marginalidad, a vivir en condiciones poco humanas, terminan robando e incluso matando a trabajadores.

Pero incluso allí, detrás de de ellos, existe un sector que se enriquece, que dirige la delincuencia, y nadie los toca. Algunos ejemplos de ello son: la venta de drogas y los grandes traficantes, los dueños de desarmaderos de autos y motos. Nada se hace con los “grandes señores” que negocian y se benefician con la delincuencia, y por tanto la fomentan y la mantienen. Estos “señores” pueden sostener su impunidad gracias a la vinculación con la justicia y la policía.

Pero siempre en la “solución” se apunta hacia abajo, a los pobres y trabajadores. Hoy existen en las cárceles más de 10 mil presos adultos y 600 menores, en condiciones inhumanas y la violencia no cesa, por el contrario aumenta. Este año dentro de estas instituciones se produjeron 32 asesinatos, y más de 60% de los presos no tiene condena. ¿Ésta es la rehabilitación social de la que se nos habla?

Y mientras robar es un delito solo para pobres, los ricos que lo hacen gozan de muchísimos privilegios, si es que en algún momento les toca estar “presos”. Son los casos por ejemplo de Campiani, quien se enriqueció con los negociados corruptos en Pluna y que luego de un tiempo en cárcel VIP, salió en libertad. O el caso de la familia Peirano, quienes luego de grandes fraudes y estafas, se encuentran en libertad. Los negociados y connivencias de los dirigentes de fútbol con las barras bravas, son otro ejemplo claro de impunidad. El empresario Javier Moya (dueños del restaurante “La Posta del Cangrejo” en Punta del Este) fue dejado libre a pesar de estar vinculado al negocio de la explotación sexual de menores. También el exsecretario general de la Intendencia de Paysandú, Horacio de los Santos, también vinculado a la explotación sexual de menores, fue puesto en libertad.

La justicia demuestra claramente ser una justicia al servicio de los ricos. No podemos depositar ninguna confianza en ella, como tampoco en la policía.

Un Uruguay de impunidad

Pero si a algún lugar hay que ir a buscar las raíces de la impunidad y la violencia, es al acuerdo macabro que se selló a la salida de la dictadura en nuestro país, llamado Pacto del Club Naval. De ese acuerdo participaron el Partido Colorado, el Frente Amplio y la Unión Cívica, y más adelante fue apoyado por el Partido Nacional.

En el se acordó que quedaran en libertad y sin juzgar centenas de torturadores, golpistas, civiles y militares, violadores de mujeres, que realizaron entierros clandestinos en coordinación con las dictaduras de la zona organizadas con el Plan Condor.

Es decir, están libres los mayores delincuentes y asesinos de nuestra historia reciente. Recordemos que muchos de ellos terminaron dirigiendo las actuales empresas de “seguridad”. Este monumento a la impunidad se mantiene hasta el día de hoy. A pesar de que el FA ha tenido gobiernos con mayoría parlamentaria en estos más de 10 años, apenas puso en una cárcel de lujo, a una decena de los más conocidos golpistas y asesinos. Mientras que la gran mayoría siguen en libertad.

Una salida obrera al problema de la seguridad

Esta justicia de los patrones que se mantiene supeditada al poder político y no ha juzgado a los más grandes criminales, asesinos y corruptos; estas Fuerzas Armadas y Policía que continúan reivindicando el golpismo y la centenas de asesinatos de los años 70, que continúan defendiendo a los pocos criminales y torturadores que están presos, no traerán ninguna solución a los problemas de seguridad que tenemos los trabajadores.

El capitalismo es un sistema violento por naturaleza, que empuja a inmensas capas de las masas a la miseria. No conforme con esto, transforma, como hemos visto, la delincuencia, el narcotráfico, la explotación sexual; la violencia, en un buen negocio lucrativo para la burguesía.

Por eso, desde el PIT-CNT y organismos de DDHH, se debe impulsar la organización en los sindicatos y en los barrios de los trabajadores, con todos los vecinos para debatir de qué forma nos defendemos frente a esta problemática. Sin duda, la solución deberá surgir de los trabajadores, estudiantes y jubilados, sin ninguna participación de las instituciones represivas del Estado. 

Izquierda Socialista de los Trabajadores

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *