Escrito por: PSTU – Argentina LITCI.
Las jornadas de diciembre contra la reforma previsional mostraron la enorme voluntad de pelea que tenemos los trabajadores para enfrentar los planes del gobierno de Macri. Es por eso que para frenarnos y garantizar la aprobación de la reforma laboral, desató una cacería represiva. Nuestro compañero Sebastián Romero fue demonizado en todos los medios por utilizar un fuego artificial de venta libre en medio de una brutal represión y hoy la Justicia pretende encarcelarlo. Dos militantes del Partido Obrero, Cesar Arakaki y Dimas Ponce, están presos en una cárcel común, al igual que 5 detenidos de la jornada del 14 (algunos de los cuales ni siquiera estuvieron en la movilización ). Enfrentar esta cacería es hoy una necesidad de primer orden para todos los que queremos frenar el ajuste.
Rejas al servicio del ajuste
La criminalización de la protesta social no comenzó en diciembre del 2017. A poco menos de un mes de asumir, en enero de 2016, el gobierno de Macri inauguró su lista de presos políticos con Milagro Sala, la dirigente jujeña de la Tupac Amaru, que está acusada por participar en un acampe frente a la gobernación de Jujuy. La causa inicial era “instigación a la violencia”, a la que luego se sumaron otras acusaciones como asociación ilícita. Junto a Milagro hay otros doce presos de la Tupac, la mayoría mujeres. A pesar de que Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnesty International (AI) y otros organismos nacionales e internacionales sostienen que su detención es arbitraria y reclaman su inmediata libertad, Milagro sigue presa y en condiciones deplorables.
El 27 de junio de 2017, horas antes de una reunión entre Macri y la presidente de Chile, Michele Bachelet era apresado Facundo Jones Huala, dirigente mapuche acusado por la justicia chilena por participar de una lucha contra la construcción de una central hidroeléctrica en el sur de ese país. En nuestro país, es referente de Lof Resistencia Cushamen, unos de los pocos que logró, en 2015, recuperar tierras robadas a los pueblos originarios y hoy en manos del multimillonario Benetton. En la represión a una protesta exigiendo su libertad es que desapareció Santiago Maldonado.
A estos dos casos, que son los más conocidos, se suma la prisión del docente wichi Agustín Santillán, en Formosa, donde se vive una situación de represión permanente de parte del gobernador Gildo Insfran.
Sin embargo, la cárcel a los luchadores, si bien se acrecentó, no comenzó con el gobierno de Macri. Bajo el gobierno de Cristina fueron condenados tres petroleros a prisión perpetua y otros a penas menores, en la ciudad de Las Heras, Santa Cruz, acusados de asesinar a un policía. Les armaron una causa con el fin de escarmentar a quienes osen tocar los intereses de las multinacionales. Los petroleros estaban realizando una protesta y fueron brutalmente reprimidos.
A esta lista hoy se suman Cesar Arakaki, Dimas Fernando Ponce y otros cinco detenidos de la movilización del 14 de diciembre.
Además, actualmente, hay más de 7000 trabajadores procesador por luchar en nuestro país.
Con esta política represiva se está intentando frenar la resistencia de los trabajadores que ya demostramos que no estamos dispuestos a dejarnos sacar nuestros derechos así nomás. Por eso, la lucha por la libertad y contra la persecución de los luchadores es parte de la pelea general por derrotar el plan hambreador del gobierno de Macri.