Limitación del derecho a reunión: ¿Combate al COVID-19 o recorte de las libertades democráticas?

Sin plan de vacunación y sin derecho a reunión

Por iniciativa del Poder Ejecutivo encabezado por Lacalle Pou, la Coalición Multicolor votó en el parlamento la limitación del derecho de reunión mediante la reglamentación del articulo 38 de la Constitución, con el supuesto fin de “evitar aglomeraciones”.

Todas las otras medidas tomadas por el presidente Lacalle Pou, como por ejemplo el cierre parcial de las entradas al país, tienen una duración que va del del 21 de diciembre al 10 de enero. Sin embargo, la prohibición del derecho a reunión se extenderá por 60 días y será prorrogable por 30 días más.

Lejos de algún interés sanitario, este recorte en las libertades democráticas será principalmente utilizado por el gobierno como forma de contener posibles protestas, reclamos o impedir asambleas obreras y contra la juventud en general. Apuntará también a las barriadas de trabajadores y los sectores humildes, en un marco donde aumenta el desempleo, la miseria y los contagios por la falta de políticas efectivas por parte del gobierno.

Las aglomeraciones y el gobierno

La derecha cuando se refiere a “aglomeraciones” no habla del transporte capitalino, donde las obreras y obreros viajamos aglomerados y sin distancia; en coches donde, según los estudios del Clemente Estable se ha comprobado presencia de COVID-19.

Tampoco habla de los lugares de trabajo, de las empresas, mutualistas privadas, donde no se cumplen las medidas sanitarias, no cuentan con la ventilación ni los espacios adecuados; y como lo demuestran las estadísticas oficiales, son los lugares que tienen mayor cantidad de contagios. Ese es el resultado de su “nueva normalidad”.

Lo que sí hay es un aumento del aparato represivo y mayor respaldo legal para su actuación. Quieren “cubrirse” ante nuevos casos de represión policial como la ocurrida hace poco más de un mes en la Plaza Seregni, o más recientemente la de Chamizo (Florida), donde se expulsó por medio de un bochornoso operativo policial en una plaza pública a cinco jóvenes por “aglomeración”, donde a un efectivo policial se le escapó un tiro al caérsela su arma.

Por eso desde IST denunciamos que ninguna de las medidas tomadas por el gobierno va en dirección a combatir el COVID-19. No hay anuncios de contratar más médicos, especialistas y enfermeros en salud pública, no hay construcciones de CTI, que debió ser prioridad en estos meses previos.

No existe tampoco al día de hoy un plan de vacunación. Hasta el editorial del diario El País del día 27-12 debe reconocerlo. La única noticia sobre la vacuna en Uruguay fue que Franco Alaggia, que era coordinador del Ministerio de Salud Pública para el tema, rechazó la vacuna Pfizer por correo electrónico y fue separado de su cargo.

Mientras que no hay noticias sobre cuando llegarían las vacunas, por otro lado se puso en marcha la limitación del derecho a reunión prohibiendo en los hechos reunirse y manifestarse, lo cual ahora queda sujeto a la arbitrariedad y el doble discurso del gobierno y el ministerio del Interior.

Lamentablemente, los dirigentes de la “oposición” progresista del Frente Amplio, se limitaron a las críticas parlamentarias, mientras la propia intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, se apresuró a elogiar las medidas del gobierno multicolor, para luego limitarse a decir que había que ser “cuidadosos” con la reglamentación del artículo 38.

Los trabajadores, trabajadores, los y las jóvenes, no podemos esperar nada de este gobierno y este parlamento, que solo atacan a los trabajadores mientras no son capaces de enfrentar la pandemia.

Debemos organizarnos desde abajo y por los medios posibles, en los sindicatos, los barrios y centros de estudio para reclamar medidas serias de prevención, como son la fecha de vacunación y repudiar el recorte de derechos.