El pasado 27 junio se cumplieron 53 años del golpe de Estado en Uruguay. Un golpe cívico-militar que barrió con todas las libertades democráticas. El nuevo régimen instaurado fue una dictadura, las Fuerzas Armadas desataron una violenta represión y aplicaron el terrorismo de Estado: secuestros, tortura, violación y asesinatos dejaron en Uruguay según datos oficiales, más de doscientos desaparecidos.
Esta criminal represión estuvo al servicio de imponer los planes del FMI, que desde los años 50’ habían comenzado a aplicarse en nuestro país a partir de las “cartas de intención”. Esto significaba un brutal ajuste y quita de conquistas para la clase trabajadora. Al mismo tiempo, la represión que se fue recrudeciendo mediante las Medidas Prontas de Seguridad, la creciente injerencia militar y que culminó con el Golpe de Estado, buscaba derrotar el poderoso ascenso de huelgas y movilizaciones obreras que nuestro país vivió durante los años 60’ y 70’ para enfrentar esos ataques.
Hoy a pesar de todo el tiempo transcurrido, altos mandos, retirados y en actividad no solo guardan un pacto de silencio para no decir dónde están, sino que reivindican y justifican esa dictadura.
Apenas se han encontrado los restos de ocho personas desaparecidas, enterrados en cuarteles o predios militares. Dos se hallaron en el Batallón de Infantería N.° 13 de Montevideo, cinco en Batallón de Infantería N.° 14 de Toledo, Canelones, y uno en la Chacra de Pando de Canelones, perteneciente a la Fuerza Aérea.
Fueron las Fuerzas Armadas las que irrumpieron y violando la libertad de prensa destruyeron imprentas de varios medios, cerraron emisoras de radios y hasta aplicaron una estricta censura en el teatro y en los tablados. Artistas como Los Olimareños, Alfredo Zitarrosa, José Carbajal, «El Sabalero», fueron prohibidos y muchos obligados a exiliarse. Lo mismo ocurrió con escritores y poetas como Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Idea Vilariño.
La organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos, viene denunciando, que “Las Fuerzas Armadas, quienes secuestraron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a nuestros familiares, saben muy bien qué fue lo que hicieron con ellos y ellas.(…) abundan los discursos negacionistas e incluso aquellos que justifican el terrorismo de Estado”.
53 años después Orsi sacará vehículos y militares a patrullar
El presidente de la república Yamandú Orsi “anunció que vehículos del Ejército patrullarán algunos barrios para redoblar combate contra el crimen organizado». Primero se dijo que los militares podrían conducir o acompañar dentro de los vehículos utilizados. Ahora, al cierre de esta nota, se decía que se capacitará a policías para conducirlos, pero que no está descartado que eventualmente pueda recurrirse a personal militar.
El argumento mentiroso utilizado para justificar estas medidas es el mismo que Trump y sus gobiernos serviles, han utilizado para aumentar la injerencia de las FFAA bajo el denominado “Escudo de las Américas”: el combate al crimen organizado.
La derecha aplaude
Este giro represivo recibió el entusiasta apoyo de la derecha. «Tenemos que saludar el cambio de talante del gobierno, están haciendo lo que les estamos pidiendo», señaló el senador colorado Andrés Ojeda (El Observador 22/6/26). Y el nacionalista Sebastián Da Silva, declaró que: «Nosotros lo venimos pidiendo hace tiempo, que parte de esos vehículos militares que hacen patrullaje de frontera que vayan a lugares complicados.” (El País 23/6/26).
Ahora, la única discusión entre los dirigentes del FA y la derecha, es la normativa legal para aplicar este giro represivo.
Un grave precedenteimpuesto por el gobierno del FA
Por este camino, no sólo no se solucionará la inseguridad, sino que se profundizará la violencia contra pobres y trabajadores. Además se sienta un grave precedente.
Este o futuros gobiernos, podrán aumentar las potestades de los militares en las calles, amparados en esta medida. Lamentablemente, este precedente lo sienta un gobierno del FA, partido que más duramente sufrió la represión militar y a donde pertenecían la mayoría de los desaparecidos de nuestro país.
Históricamente la izquierda decía que los problemas estructurales, como el hambre, la gente en calle, los asentamientos y la delincuencia, eran producto de enormes inequidades sociales, que bajo el capitalismo, cada vez se profundizan más. Inequidades y pobreza que hoy aprovechan los grandes narcos para su negocio.
Repudiar la militarzación, discutir una salida obrera
El crimen organizado, como en el caso de la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset que tuvo amplia difusiónbajo el gobierno corrupto de Lacalle Pou, demuestra que el narcotráfico y la violencia en los barrios es un macabro negocio donde los poderosos hacen millones. Poderosos que no viven en el Cerro ni en el Marconi, sino en barrios privados y acomodados, que lavan el dinero en los más variados negocios, que tienen reconocidos abogados defensores y mandaderos en la Justicia y el Parlamento. Allí es donde hay que golpear para atacar al crimen organizado, y no en los barrios populares.
Este gobierno del FA viene gobernando a contramano de las necesidades de los trabajadores y el pueblo humilde. Su gobierno que aplica las recetas del FMI de la mano de Oddone, se alinea también con el discurso imperialista de “combatir al narcotráfico y el crimen organizado”, e incorpora la preparación de una mayor política represiva.
Los trabajadores debemos repudiar esta política de garrote. Desde los sindicatos debemos empezar a discutir en asambleas cómo nos organizamos para enfrentar el problema cotidiano de la inseguridad y la violencia en nuestros barrios, a la vez que proponemos medidas de fondo para eliminar los flagelos sociales del desempleo, la pobreza y la marginación, que golpean especialmente a los jóvenes y las mujeres.
