En las últimas semanas varios parlamentarios de derecha agrupados en la coalición republicana salieron a hablar sobre el proyecto del gobierno de quitar la tarjeta Uruguay Social y empezar a hacer transferencias de dinero de forma progresiva para quienes tengan hijos menores. Esto puso sobre la mesa algo que ya sabíamos: hay legisladores cobrando sueldos descomunales que se creen con derecho de regular en que se gastan los miseros pesos que le dan a los pobres. Desde el partido colorado Bordaberry salió a hablar en conferencia de prensa:
«Ahora van a volver a darle el efectivo y yo estoy muy de acuerdo con que haya más teléfonos celulares pero con esto ¿saben qué hacen? Cobran la transferencia para los niños y se compran un celular nuevo, cobran la transferencia para los niños y se van a gastarlo, vayan a saber a gastarlo en qué. Si le damos el dinero se la gastan en lo que quieren»1
Bordaberry dice esto desde la comodidad de su sillón de senador, cobrando un salario de casi 400 mil pesos y con varias propiedades en su haber. Sobre la plata que él recibe del Estado jamás dio explicaciones: en qué gasta este dinero, si se va de vacaciones o se compra un celular, si ahorra para comprar una casa o si toma alcohol los fines de semana. Sin embargo, se siente con la potestad de cuestionar en qué gastan la plata los pobres que reciben las prestaciones.
Todo esto sabiendo que en Uruguay tenemos una tasa de desempleo por arriba del 7 por ciento, mientras él asistió a los mejores colegios y se hizo un lugar en la política por pertenecer a una reconocida familia de acomodados estancieros. Pero, ¿qué pasa con los que nacen en los asentamientos y apenas tienen lo básico para ir a la escuela? ¿Qué pasa con los que cobran salarios de 20 mil pesos, cuando un alquiler promedio supera los 25 mil pesos?
Perrone, diputado de Cabildo Abierto, dijo que la plata «puede terminar en una necesidad pero también en una boca de droga». Esto lo dicen sabiendo que los pobres que viven en los barrios no son los verdaderos responsables del narcotráfico sino meros peones. Los grandes narcotraficantes que alimentan el comercio de droga y se aprovechan de los jóvenes no están en las calles de Casavalle o Malvín Norte. Como ya dijimos en una nota previa, las bocas de droga y la violencia son «producto de la explotación creciente de la burguesía a toda la clase trabajadora, de los empresarios legales e ilegales que se enriquecen a costa del narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y la especulación financiera.»2
¿Y el Frente Amplio?
Mientras colorados y cabildantes hablan sobre si se debe vigilar o no a los pobres en sus compras, el Frente Amplio quiere parecer amigo de los pobres soltando unos pocos pesos y al mismo tiempo manda vehículos militares a los barrios para reprimir. Mientras dice preocuparse por los niños y niñas hace oídos sordos desde hace 15 años al pedido de aumento del presupuesto y no da recursos a los hogares de INAU, donde quienes precisan amparo viven hacinados. Al mismo tiempo contrata a asociaciones civiles para gestionar los refugios del MIDES, sin pagar el sueldo a los trabajadores que día y noche deben hacer frente a las carencias estatales. Entonces, ¿qué potestad puede tener un Frente Amplio que gasta dinero en formar a militares para reprimir y da facilidades a los empresarios que nos explotan diariamente, pero por otro lado ni siquiera paga el salario de sus trabajadores?
Antes de que diputados y senadores tanto del Frente Amplio como de los otros partidos hablen sobre los gastos de los trabajadores en el almacén del barrio, deben cuestionarse por qué nadie fiscaliza los gastos de los que cobran sueldos privilegiados en el parlamento y a los empresarios que ganan millones a costa de nuestro trabajo y nuestra salud.
1 https://www.elobservador.com.uy/nacional/hay-que-controlar-que-gastan-los-mas-pobres-la-plata-las-transferencias-el-debate-que-instalo-la-rendicion-cuentas-y-los-argumentos-del-gobierno-defender-la-libertad-n6050785
2 https://www.ist.uy/necesitamos-organizarnos-contra-la-violencia/