Destituciones militares: producto de la resistencia y tenaz lucha popular por los Derechos Humanos

Opinión: por Juan Ranchos

La destitución del comandante en Jefe del Ejército José Ariel González, del jefe del Estado Mayor de la Defensa Alfredo Erramún y el anuncio del envío de la venia al Senado para el pase a retiro anticipado de los generales Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo, son sin duda una golpe a la impunidad y ha abierto una crisis política. Al cerrar esta nota también se habla de las renuncias del Ministro de Defensa, Jorge Menéndez, y el subsecretario, Daniel Montiel.

Estas destituciones son producto de la profunda y tenaz lucha que desde hace años vienen sosteniendo los organismos de Derechos Humanos, Familiares de Detenidos y Desaparecidos, de las movilizaciones multitudinarias que todos los años realizamos en el mes de mayo y de los centenares de activistas que mantienen viva la memoria por medio de todo tipo de actividades y continuas denuncias. Esta lucha es la clave de la profunda crisis que se ha abierto en el país.

Reconocemos el muy importante informe del periodista Leonardo Haberkorn, que hizo público en el diario El Observador las declaraciones del militar José “Nino” Gavazzo, ante el Tribunal de Honor militar. En ellas, Gavazzo reconoció que 1973 arrojó al río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro, militante de la FEUU, preso político y torturado en el Grupo de Artillería 1. Esa aberración, que ahora es de conocimiento público, fue la gota que derramó el vaso. Se abrió una crisis en el gobierno y el régimen y la misma es producto principalmente de la pelea sostenida contra la impunidad, porque corta el paso a quienes desde todos los partidos siguen sosteniendo el pacto de silencio y los acuerdos del Club Naval.

Ningún gobierno, a pesar de sus enormes intentos, ha logrado “dar vuelta la página”. Y estas destituciones son tomadas obligadamente y a regañadientes por el gobierno del FA. Fue este gobierno con mayorías parlamentarias, junto a Colorados y Blancos que sostuvo -con diferentes leyes- la impunidad a los genocidas, les construyó la cárcel VIP en Domingo Arena y les otorgó prisión domiciliaria a los más “viejitos” a propuesta de José Mujica, por eso el asesino y torturador confeso, José “Nino” Gavazzo, se encuentra en su domicilio.

Algunos quieren atribuir a Tabaré Vázquez estas destituciones. Pero las “actas del Tribunal de Honor, a las que tuvo acceso El Observador, fueron homologadas por el Poder Ejecutivo”, por lo que se estaba en conocimiento que el recientemente ascendido, el comandante en jefe del Ejército José González era parte del Tribunal que ocultó la tortura y el asesinato de Roberto Gomensoro.

También debemos recordar que continúa sin aclarar el robo al laboratorio del Grupo de Investigación Arqueológica Forense (GIAF) instalado en Facultad de Humanidades, en la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura. Tampoco se avanzó en la investigación de las amenazas de muerte del Comando Barneix, contra investigadores y personas defensoras de los DDHH. Y todo esto, junto a las recientes leyes de militarización de los barrios obreros y pobres por la PADO, las leyes que impiden los cortes de calles y rutas en las protestas, la creación en 2010 de la policía militarizada -Guardia Republicana- y la autorización a los mandos del ejército, conocedores y partícipes del genocidio, a patrullar las fronteras, todas son medidas que facilitan y ayudan a que emerjan los golpistas y la ultraderecha.

El PIT CNT debe llamar al paro general y la movilización

Los dirigentes del PIT CNT salieron luego de conocido los hechos a denunciar la impunidad, pero llevando agua a su molino electoral han salido a elogiar al gobierno. No podíamos esperar otra cosa de estos dirigentes que han perdido totalmente la independencia de clase y están pegados al gobierno.

Por ello hay que exigir su ruptura y romance que los ata al gobierno y que convoque de inmediato a un paro general de 24 horas con una enorme movilización que exija el juicio y castigo a todos los impunes y genocidas. Quienes formaron el Tribunal de Honor deber ir a una Cárcel común, como también todos los que conocían y ocultaron las aberraciones confesadas por Gavazzo. Desde Familiares que tiene un enorme poder de convocatoria sobre el tema y desde todos los organismos de DDHH los llamamos a convocar a movilizaciones que tengan continuidad para exigir y reclamar el fin de toda la impunidad. Meter entre rejas a golpistas, asesinos. violadores y genocidas, militares y civiles de la pasada dictadura y a quienes siguen reivindicando esas atrocidades es la forma de combatir a la ultraderecha y a los nostálgicos del golpismo