Después del atentado en Paris de noviembre, los principales gobiernos imperialistas (EEUU, Francia, Alemania) vienen insistiendo y exigiendo al resto de los gobiernos, la necesidad de profundizar la campaña política y militar de “combate al terrorismo”. Para este “combate”, hacen un llamado (o mejor dicho, una exigencia) a la “comunidad internacional”, es decir, al resto de los gobiernos.
Escrito por Federico
Exigen compromiso para una posible colaboración militar, y para una serie de reformas jurídicas en cada país para dar ese “combate”. A través de una de sus principales instituciones como la ONU, exigen que se implemente en los distintos países “una legislación contra el terrorismo”, directamente dictada por ellos [1].
Pero esos mismos gobiernos imperialistas, se encargan de mantener el saqueo del resto de los países, mantuvieron y mantienen dictaduras, intervenciones y ocupaciones militares en muchos países, y son los principales responsables de los planes de ajuste en toda Europa que benefician a los bancos y multinacionales, mientras los trabajadores y el pueblo se ven arrastrados a la miseria y la precariedad. ¿Podemos confiarle a ellos “el mando” para combatir al Estado Islámico? Que dicho sea de paso, es una organización reaccionaria que se fortaleció gracias al propio imperialismo. Los principales terroristas, son los gobiernos imperialistas, con Estados Unidos a la cabeza.
Entonces ¿qué se esconde detrás de este supuesto “combate al terrorismo”? Lo que buscan en realidad, es un endurecimiento de las leyes para dar mayores libertades al aparato represivo (policía, ejército y todos los grupos de represión) en su actuación, encubriéndose detrás de “la lucha contra el terrorismo”.
Algo que a los gobiernos europeos les viene como anillo al dedo para enfrentar a los trabajadores y el pueblo que luchan y se movilizan en el marco de una crisis económica y social grandísima que le quieren descargar sobre sus espaldas. Y también es un arma utilizada para profundizar la política de la Unión Europea de represión y exterminio a los inmigrantes que huyen a las masacres capitalistas cotidianas de sus países, y que tienen que soportar el estigma de ser potenciales “terroristas” y todo el peso de la represión
El gobierno del FA cumple con el imperialismo
Como Vázquez lo reflejó con el recibimiento del guerrerista G. W. Bush a nuestro país en 2007, o Mujica reunido con Rockefeller en el Salón Oval, el gobierno frenteamplista se ha caracterizado por ser uno de los mejores alumnos del imperialismo. Y así se ganó un sillón en el Consejo de Seguridad de la ONU, un premio a la obediencia política del Frente Amplio para con las potencias capitalistas, sobre todo al “gran amo”, Estados Unidos. [ver artículo: ¿Qué hace Uruguay en el Consejo de Seguridad de la ONU?]
El canciller de la república, Rodolfo Nin Novoa declaró “Ante el ISIS [Estado Islámico] no se puede ser indiferente (…) porque la indiferencia favorece al terrorismo”. Tabaré Vázquez dijo asumir la responsabilidad en “la lucha contra el Estado Islámico”, y agregó que “nadie está libre”, de un posible atentado terrorista. [2]
Laurent Itté, embajador de Francia en Uruguay, dijo que «Uruguay, como cualquier país en el mundo, “no puede considerarse totalmente fuera de una amenaza terrorista”
Incluso, ahora vemos con cierta frecuencia trascender noticias de posibles artefactos explosivos, que hasta ahora no pasan de la “falsa alarma”.
De esta forma, se iba justificando y preparando el terreno para un endurecimiento de las leyes con el argumento de “combatir al terrorismo”.
El gobierno uruguayo llevó entonces su “protocolo de seguridad” ante a un posible atentado a la estéril Cumbre del Cambio Climático en Francia, para presentárselo a sus amos imperialistas, para que este fuese avalado y bendecido por ellos.
De inmediato, el gobierno frenteamplista comenzó con los deberes dictados desde el norte. Duplicó los controles en las fronteras y la vigilancia en algunas embajadas y empresas extranjeras, además de comprar equipamiento para el ejército y la policía. Se incorporó tecnología para “saber de antemano” quien visita el país, se implementó el reconocimiento de huellas dactilares, se le agregó chip al pasaporte, para tener mayor control e identificación. [3]
Ahora, según el diario El País[4], el Ministerio del Interior elabora un proyecto llamado “Ley de Alerta Terrorista” que cuenta con distintos niveles, del uno al cinco, según la amenaza, y que aumenta la presencia policial y los controles, hasta que en su quinto nivel, impunemente permite la colaboración del ejército en conjunto con la policía para “neutralizar la amenaza”. Casualmente muy similar a los aplicados en Europa.
Su verdadero combate es contra los trabajadores
Estas medidas, que se suman además al entrenamiento y equipamiento militar que viene recibiendo la Guardia Republicana; al sistema de espionaje “El Guardián”; a la Ley de Procedimiento Policial aprobada en 2008; nos muestra en forma clara la intención por parte del gobierno de tener aceitado el aparato represivo.
Como ya hemos dicho, lejos de tener como eje el “combate al terrorismo”, estas medidas tienen como centro las protestas, las movilizaciones populares y sus organizaciones. Este es su eje central, independientemente de si la probabilidad de un atentado en nuestro país es alta, baja o nula.
El año pasado vimos al gobierno utilizar el decreto pachequista de la esencialidad contra los maestros, vimos la preparación de la Guardia Republicana armada para la guerra en la represión del CODICEN, así como a la Inteligencia del Estado detener a activistas en la calle sin ordenes judiciales al mejor estilo de la dictadura, además de filmar y fotografiar a estudiantes y trabajadores en distintas movilizaciones de la educación. Incluso un militante de la FEUU en el marco de la ocupación del CODICEN, fue identificado por su tarjeta magnética y una filmación de CUTCSA, para luego ser procesado sin prisión.
La criminalización y judicialización de la protesta, es un arma de los gobiernos para intentar mostrar como “delincuentes” o “vándalos” a “pequeños grupos o individuos radicales”, con lo que justifican la intimidación, la represión y persecución de activistas y militantes. Este es su método para desprestigiar y detener las luchas.
En este contexto internacional de crisis que cada vez impacta más en la región, los gobiernos buscan tener un marco legal más amplio y duro con el cual reprimir cualquier reclamo con mayor eficacia y control. Los gobiernos latinoamericanos de “izquierda” o derecha, se miran en el espejo de la crisis europea.
Por eso, desde IST llamamos a todos los trabajadores, organizaciones populares y que se reivindiquen por la defensa de las libertades democráticas, a desobedecer la imposición imperialista, y rechazar cualquier tipo de ley “antiterrorista” o endurecimiento de la ley que otorgue más garantías e impunidad para la represión y el control social, en detrimento de las libertades democráticas.
–¡Ninguna “ley antiterrorista”!
–¡Abajo todos los sistemas de espionaje!
–¡No a la criminalización de la protesta!
–¡Ningún recorte de las libertades democráticas!
–¡Por el desmantelamiento del aparato represivo!
[1] http://www.lr21.com.uy/mundo/312813-onu-pide-legislaciones-contra-el-terrorismo
[3] http://www.elobservador.com.uy/incorporan-tecnologia-saber-antemano-quien-visita-el-pais-n706762 ; http://www.lr21.com.uy/comunidad/1265929-ejercito-compra-equipamiento-lucha-terrorismo
[4] http://www.elpais.com.uy/informacion/cinco-niveles-alerta-amenazas-terroristas.html
Las medidas “antiterroristas” como recorte de libertades
En el 2001, luego del atentado a las torres gemelas, el gobierno rapaz de G. W. Bush comenzaba una gran campaña del miedo para aplicar la política de “combate al terrorismo” que significó una justificación para la intervención de distintos países en Medio Oriente como Afghanistan e Irak. Al mismo tiempo, fue el argumento de oro para endurecer las leyes en su propio país (cuya máxima expresión fue la “Ley Patriota”), aumentando la represión a los inmigrantes y el control social a la población, interviniendo llamadas, correos, aumentando el control migratorio, la presencia policial y las detenciones arbitrarias, sobre todo contra pobres e inmigrantes.
El pasado noviembre tras el atentado del Estado Islámico en París, parece haberse reeditado una “segunda ola” de la campaña “contra el terrorismo”, esta vez con epicentro en Europa. El gobierno francés del “socialista” François Hollande, decretó enseguida el Estado de Emergencia. Lo que significó que el Ministerio del Interior tuviera los poderes para detener, controlar o prohibir la circulación de personas y vehículos. También tiene poderes para prohibir la publicación de medios de prensa, emisiones radiofónicas y todo tipo de expresión pública que consideren “peligrosa” para la nación. Las viviendas pueden ser requisadas en cualquier momento del día, en cualquier lugar del país. Además, los militares están autorizados a patrullar las calles. Y por supuesto, queda prohibida cualquier tipo de movilización.
Las leyes antiterroristas aprobadas en Brasil y Argentina señalan como ‘terroristas’ las acciones que sean consideradas delitos, que es como han sido calificados numerosas veces los cortes de calle, las huelgas, las ocupaciones de edificios públicos y privados, etc. Además de dar amplios poderes a la policía y a la inteligencia para investigar organizaciones. La ley fue utilizada por ejemplo para atacar un bloqueo en Famatina que protestaba contra la megaminería contaminante.
Ya más de 80 organismos de Derechos Humanos han rechazado la ley. Por ejemplo, la abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (el Ceprodh) afirmó “Usando el argumento del terrorismo se criminalizara a los que luchan. Es un proyecto de reforma al código penal para agravar todos los delitos que según ellos, tengan finalidad terrorista. Es una expresión general y ambigua que sabemos qué significa”. [1]
Chile es otro claro ejemplo, donde la Ley Antiterrorista es heredada del régimen sanguinario de Pinochet, y donde ha servido para la represión indiscriminada de activistas y militantes. En Perú sucedió de la misma manera con el dictador Fujimori., ley que Humala mantiene en lo sustancial.
En Paraguay el entonces presidente Fernando Lugo promulgó la Ley Antiterrorista, por mandato expreso de Naciones Unidas, “para evitar sanciones económicas”. Esto son solo algunos ejemplos de para qué ha servido en los hechos las legislaciones “contra el terrorismo”.
[1] http://www.8300.com.ar/2011/12/13/organismos-de-ddhh-rechazan-el-proyecto-de-ley-antiterrorista-en-argentina/
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