El gobierno firmó en noviembre de 2017 un contrato con UPM para la instalación de una tercera planta de celulosa, y la segunda de UPM, esta vez en Río Negro, a la que catalogó orgullosamente como “la mayor inversión privada en la historia del país”. Este contrato ha sido cuestionado desde diversos ángulos y desde diferentes ámbitos (académicos, jurídicos, ambientales, etc), por la vergonzosa entrega de la soberanía que el gobierno hace frente a la multinacional.
El gobierno se ha comprometido ha expropiar bienes, ha realizar nuevas vías férreas, un viaducto, reforzamiento de puentes y el dragado del puerto ha cambio de dicha inversión. Se estima que el gobierno invertirá (mejor dicho, le regalará a UPM) 4.000 millones de dólares para realizar la infraestructura que exige la multinacional. A su vez, la empresa pretende que se regulen las ocupaciones y los conflictos y que se instale una oficina especial del Ministerio de Trabajo en la zona para ese objetivo. Pretende alterar la legislación laboral a su servicio y tener un trato privilegiado, así como intervenir en los planes de estudio.
Más que un contrato, lo firmado por el gobierno es una carta intención de la multinacional, donde el gobierno se pone de rodillas ante la empresa extranjera, como históricamente lo han hecho los gobiernos blancos y colorados en nombre del empleo.
El gobierno se compromete además, a comprarle la energía eléctrica sobrante a la empresa (y que no necesitamos) y además la exonerará de impuestos, porque tanto la producción como la exportación desde el puerto estará en Zona Franca, amparada en la Ley de Inversiones aprobada en 1998 bajo el gobierno colorado de Sanguinetti. Nuestro país, a pesar de invertir de forma millonaria al servicio de UPM, no verá un peso de las inmensas ganancias que obtendrá la multinacional.
Para colmo, la empresa tendrá la última palabra para decidir si, estando conforme con los deberes hechos del gobierno, realiza o no la inversión, a la cual no se compromete en el contrato. Irónicamente, mientras se beneficia en forma extraordinaria a UPM para instalar una tercera planta de celulosa, las empresas papeleras están cerrando, despidiendo y enviando al seguro de paro (FANAPEL, PAMER). Por otra parte, el presidente Vázquez acaba de firmar un decreto por el cual aumenta el sueldo a los técnicos de la DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente) que trabajan para autorizar la instalación de UPM.
El semanario Brecha, en un artículo titulado “UPM 2, la mayor entrega de la soberanía de nuestra historia” (1), afirma que “Asistimos a la mayor inversión pública de nuestra historia para exclusivo beneficio de una trasnacional que, además, tendrá a su disposición un río, aún a costa de anegar 10 mil hectáreas de tierra altamente productiva.” y agrega que: “engrosaremos nuestra deuda externa para hacer vías en las que opere el ferrocarril de Upm, unas vías que estarán a su disposición las 24 horas del día, los 365 días del año, y que serán construidas para que su ferrocarril viaje sin parar, desde su planta en zona franca en el Río Negro, hasta su zona franca en el puerto de Montevideo.”
Muchos son los colectivos y organizaciones que están luchando contra esta entrega como los vecinos agrupados en “Por el Costado de la Vía”, junto a diferentes organizaciones ambientales y sociales. El Frente Amplio, que décadas atrás decía defender la soberanía nacional y criticaba por su entreguismo a los gobiernos blanco y colorado, ahora se comporta de igual manera, y realiza esta nueva y vergonzosa entrega que cada vez nos hace más dependientes de las multinacionales. Es necesario continuar denunciando este sometimiento y es necesario organizarnos, con los trabajadores al frente, para impedir la instalación de la tercera planta.