Debate sobre la «seguridad»

Florencia Cabrera era una joven trabajadora.Tenía 26 años y un hijo de 7. Se desempeñaba como cajera en un supermercado, y fue noticia en todas los medios porque la asesinaron en un asalto en su lugar de trabajo. Compartimos el dolor, la tristeza y la rabia, porque nos duele profundamente cuando los trabajadores pagamos con nuestras vidas las consecuencias de la violencia social de este sistema podrido. Lamentablemente, el asesinato de Florencia no es un hecho aislado. Con frecuencia vemos hechos similares, donde la mayoría de las veces, las víctimas somos los trabajadores y los pobres olvidados por el Estado y los gobiernos desde hace décadas.

Como siempre, estos hechos vuelven a poner sobre la mesa la cuestión de la seguridad. Muchos políticos, periodistas y comunicadores, aprovechan como una oportunidad cada hecho de este tipo para pedir más mano dura, más policías y más represión. Los grandes medios de comunicación se encargan de amplificar el miedo reproduciendo decenas de veces los videos, las noticias y las imágenes trágicas y muchos trabajadores, cansados y con miedo, ven con buenos ojos esas propuestas. ¿Pero es esa la solución?

¿La policía y el ejército están para defendernos?

Para contestar esta pregunta, primero, nos detendremos en estas dos instituciones a las que apelan el FA y toda la derecha para “combatir” la inseguridad. En el año 1973 en Uruguay se produjo un golpe de estado, el Ejército, la Policía y la Marina gobernaron el país. Luego de la lucha de los trabajadores, al restaurarse las libertades democráticas se comenzaron a conocer de manera pública los miles de torturados, las violaciones de mujeres en las cárceles, las más de 200 personas desaparecidas (asesinadas), y los no menos de cinco mil que pasaron en la cárcel por años.

Pero estas personas no eran delincuentes, asesinos, ni formaban bandas de traficantes. Eran trabajadores en huelga, sindicalistas, personas con ideas de izquierda o simplemente opositores a esa siniestra dictadura. Al día de hoy los militares, policías y civiles colaboradores que torturaron, violaron y asesinaron están en libertad. Hoy los jefes del Ejército y la Policía continúan defendiendo en sus discursos la forma en que actuaron en la dictadura contra los trabajadores y el pueblo en general. La organización Familiares de Detenidos Desaparecidos que acaba de renunciar al grupo «Verdad y Justicia» por la falta avances hace denuncias en el mismo sentido. (1)

Hoy ellos siguen instruyendo a las nuevas generaciones de militares y policías bajo esa ideología, por eso estas instituciones muy lejos de solucionar el tema de la violencia lo agravarán. Es que estas dos instituciones, no están “para defendernos” como nos quieren enseñar y convencer desde la escuela. Están al servicio de mantener este sistema social, son su sostén principal, su tarea central es reprimir la lucha de los trabajadores.

Por ello, estas instituciones jamás podrán ser solución en la problemática social, sino por el contrario, incrementarán el pisoteo de derechos sobre el pueblo trabajador y familias de los barrios humildes.

La violencia un problema con profundas raíces sociales

Los viejos cantegriles, hoy llamados asentamientos, han pegado un salto cualitativo y cuantitativo en las condiciones precarias de vida y de vulneración constantes de derechos. Solo en los números de los gobernantes la miseria disminuye. Basta recorrer algunos barrios para que rompa los ojos la miseria amontonada en la periferia, los pasillos estrechos entre ranchos de chapa y calles de tierra, donde se ve el desgaste humano reflejado en cuerpos y rostros. Esa violenta forma de vivir (o mejor dicho, de sobrevivir) impuesta por décadas y décadas, es la violencia menos mencionada, la más oculta y minimizada. La mayoría de las personas que habitan allí, son personas con empleos precarios, sueldos miserables, desempleadas, o que viven en base a changas, situaciones que les impiden tener una vida digna.

Allí, en esos barrios, se formaron las llamadas “bandas” en un muy pequeñísimo sector que apeló al comercio ilegal de drogas y la venta de artículos robados.

Pero lo insólito es que nadie busca ni toca, salvo excepciones, a los grandes narcotraficantes que ingresan a Uruguay las sustancias, nadie investiga la connivencia (como está demostrado en otros países) entre la policía, los jueces y los narcotraficantes. ¿Para qué? si la miseria siempre va a tener un exponente de esa violencia vivida, que no le importa asesinar porque ya no le importa ni su vida. El capitalismo es un sistema violento por naturaleza, que empuja a inmensas capas de las masas a la miseria. Al Estado y los gobiernos no les interesa terminar con la delincuencia, el narcotráfico, la explotación sexual. ¡Es que eso es en un gran negocio que da altas ganancias a un sector de la burguesía!

Una solución desde la perspectiva de los trabajadores

Desde el PIT-CNT y organismos de DDHH, se debe impulsar la organización, en los sindicatos y en los barrios de los trabajadores, con todos los vecinos, para debatir de qué forma nos organizamos y defendemos frente a la problemática de la inseguridad. La solución deberá surgir de allí, de los obreros, estudiantes y jubilados, sin ninguna participación de las instituciones represivas del Estado.

(1) Montevideo, 1° de marzo 2018.

Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos comunica por este medio su renuncia al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia.

Integramos este grupo desde que fuera creado por un decreto del Presidente Tabaré Vázquez con la intención expresa de avanzar en la investigación sobre lo sucedido en dictadura; aportar más documentación a los juicios; obtener nuevos archivos de la represión; buscar a los desaparecidos; mejorar las leyes reparatorias y los trabajos por Memoria.

Como expresamos en su momento, aceptamos ingresar manteniendo la postura que marcaron nuestras Madres: contribuir responsablemente en todas las iniciativas surgidas para trabajar por Verdad y Justicia. Esta actitud implica reconocer tanto los avances, cuando estos existen, como reclamar, desde el lugar que nos es propio, las carencias e insuficiencias de los mismos, manteniendo una actitud crítica e independiente.

Resaltamos la voluntad manifiesta del GT por superar las dificultades de este diseño Institucional, su compromiso con el tema y el claro mensaje que dio al apoyar la interpretación amplia del acceso a la información, algo largamente exigido. Como contrapartida, el trabajo se desarrolló con una gran lentitud determinada por la misma heterogeneidad de su conformación y por las dos estructuras (Secretaría y GT) que nunca lograron acompasarse del todo. A esto se suma la inmensa cantidad de temas que les encomendó el decreto y la maquinaria burocrática del Estado siempre lenta para ejecutar incluso las resoluciones tomadas.

El más importante de los logros, junto a la elaboración del proyecto que mejora la ley reparatoria, fue la orden presidencial de acceso a los archivos en dependencias militares. Pero esto también fue difícil de efectivizar por la tardanza en contratar equipos de trabajo. Sólo se concretaron cuatro contratos luego de cinco meses de trabajo honorario en el archivo del FUSNA. El material al que se tuvo acceso demostró la relatividad de los archivos estudiados, ya que técnicamente – salvo el de la DNII – no eran tales. Toda la documentación a la que accedimos es parcial, está desorganizada y son evidentes los faltantes.

Por lo tanto, ese inmenso y persistente trabajo de pedir y esperar, no se ha visto plasmado en información real y de calidad, en el acceso a fuentes reales de inteligencia militar, lo que terminó por no aportar datos relevantes en la búsqueda de nuestros desaparecidos. Esto reafirma una vez más lo lejos que estamos de romper las barreras levantadas por la institución militar, la cual colabora abiertamente con la impunidad retardando los avances democráticos.

Pero tampoco el acceso a los archivos existentes en el GT aportados a los juicios incidió en los mismos, donde persistió el empantanamiento y el uso desmedido  de las habituales “chicanas”.

Por todo eso, afirmamos una vez más que el principal obstáculo en la búsqueda de los desaparecidos y de la verdad y justicia ha sido y sigue siendo la falta de decisión política con respecto a las FFAA. No se ha querido presionar a los militares para que aporten la información que sabemos poseen (confirmada con el plano anónimo que permitió ubicar a Fernando Miranda en 2005 y la información en poder del Comandante de la Aviación que permitió ubicar a Ubagésner Chaves Sosa ese mismo año).

No se han enviado mensajes contundentes a la institución militar sobre cuál sería el único camino para superar eso que llaman “carga del pasado” (o sea sus propios crímenes impunes). Hasta ahora no se enfrentan las dilatorias de los indagados para concurrir a la justicia, ni el carácter “especial” y privilegiado de los condenados con “prisión domiciliaria” – a pesar de las denuncias sobre la violación de la norma -, ni la anacronía de la jubilación que se sigue pagando a condenados y fugados (por mencionar algún ejemplo).

La esperanza en los resultados que podría aportar el GT se fue debilitando con el paso del tiempo. A esto se suma el entredicho con el Comandante en Jefe del Ejército que aportó datos falsos sobre enterramientos, hecho que una vez más no tuvo consecuencias.

Avanzar en verdad y justicia requiere no sólo del trabajo de víctimas y familiares, sino establecer una política que enfrente las dilaciones de quienes tienen la información, ya que al no darla perpetúan las consecuencias de lo que fue un estado terrorista y dictatorial, que se muestra aún como no desarticulado.

Esta impunidad compromete el presente y el futuro. Lo vemos hoy en declaraciones de políticos y militares diciendo que el ejército puede ayudar en el control de la seguridad ciudadana, cuando aún no se ha hecho cargo de sus propios crímenes. Lo vemos en las declaraciones del Comandante en Jefe diciendo que son los más interesados en encontrar a los desaparecidos, cuando los mantienen secuestrados en sus propios predios. Lo vemos en las últimas sentencias de la SCJ, en cuanto a no considerar como crímenes de lesa humanidad a la tortura y la desaparición de personas.

La responsabilidad de investigar, de hacer justicia y de hallar a nuestros familiares fue, es y será del Estado.

No cambia este hecho que nos integremos o no a las distintas formas institucionales que se instrumenten. Encontrar a los desaparecidos no es una lucha exclusiva de los Familiares, es el derecho de cualquier ciudadano de un país libre a formar parte de un Estado que no lo secuestre, torture, asesine y desaparezca.

Reafirmamos hoy al igual que cuando nos integramos al GT, que nuestro único compromiso es y será con la Verdad, Justicia y Memoria, para que Nunca más haya Terrorismo de Estado.

Reafirmamos nuestro compromiso de enfrentar cualquier violación a los Derechos Humanos.

Reafirmamos la confianza de que nuestra fuerza proviene de la conciencia colectiva que cierre el paso a la impunidad. Seguiremos trabajando. Hasta encontrarlos.

Verdad, Justicia, Memoria y Nunca Más Terrorismo de Estado.

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

Comunicado a la opinión pública