Mediante un nuevo pedido de acceso a la información pública por parte del periodista Leonardo Haberkorn, se conoció la información de que el General retirado y hasta hace algunas semanas presidente del Supremo Tribunal Militar (STM), Daniel Castellá, estuvo presente en 1984 junto a una decena de militares y policías en el “interrogatorio” donde se torturó a Vladimir Roslik causándole la muerte.

El ministro de Defensa, Javier García, anunció rápidamente la destitución de Castellá, intentando así evitar cualquier posible crisis como la que golpeó al gobierno de T. Vázquez en 2019 cuando se conocieron las actas sobre Gavazzo.

Castellá, quien ya era reconocido por haber detenido a Roslik en 1984, se mantuvo impune bajo todos los gobiernos posdictadura. Tuvo una carrera ascendente bajo los gobiernos del FA, llegando en 2017 a ser designado presidente del STM durante el segundo gobierno de Vázquez.

Con la destitución, el gobierno multicolor pretende dar por cerrado y solucionado el tema, sin avanzar un milímetro en la verdad y la justicia, y mientras Cabildo Abierto defiende a Castellá tratándolo de “solidario”.

En paralelo, el tribunal militar se negó a brindar la información pedida por el Ministerio de Defensa por el tema Roslik y la Justicia se negó a reabrir el caso a pesar de la nueva información y de tratarse de un delito de lesa humanidad.

Por eso hay que profundizar la lucha desde abajo para exigir la reapertura del caso Roslik, la abolición del Supremo Tribunal Militar y el pase a la justicia civil para castigar a todos los involucrados a quienes hay que aplicarles la reinversión de la prueba: todos son culpables sino pueden demostrar lo contrario. Basta de Impunidad, verdad, justicia y castigo. Que se abran todos los archivos de la dictadura.

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