En el año 2013 la Suprema Corte de Justicia (SCJ) trasladó a la jueza Mariana Mota desde la justicia penal, en la que investigaba más de 50 expedientes relacionados a la violación de los Derechos Humanos de la pasada dictadura y la reubicó en la justicia civil.
Frente a este hecho, la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Hijos Uruguay, Crysol, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), entre otros, convocaron el día de la firma del traslado, desde la 10 de la mañana a una movilización frente a la SCJ.
La convocatoria a esta concentración se realizó según los convocantes, porque ese traslado tenía como fin frenar, aún más, las causas que se llevan adelante contra quienes cometieron crímenes aberrantes, violaciones y tortura en la pasada dictadura. Tan expuesto era el propósito, que la ex fiscal Mirtha Guianze escribía en su muro de Facebook: “Pensemos un poco ¿qué significado le podemos asignar a este inexplicable traslado? ¿Por qué ahora, con tantos asuntos a resolver? ¿Cuándo podremos conocer las motivaciones reales? ¿Qué podemos hacer cada uno en su lugar o todos juntos? (1)
Durante todo el día hubo protestas que respondieron a esa convocatoria. Miles de trabajadores, estudiantes y jubilados, junto a varias organizaciones concurrimos a manifestarnos contra las nuevas trabas que se colocaban para juzgar los crímenes de Lesa Humanidad y que en este caso provenían desde la máxima autoridad judicial, la SCJ.
Y aunque muchos se asombraban frente a estos hechos y otros reclamaban la independencia de poderes, nosotros afirmamos que esta justicia no es para nada una justicia independiente, es la justicia de los capitalistas, que está al servicio de la burguesía, de los más ricos y poderosos. Por ello la decisión del máximo organismo al trasladar a Mota, se ataba en los hechos, al Pacto del Club Naval, un acuerdo político entre los partidos capitalistas y los militares, que permitió a la salida de la dictadura la impunidad, luego convertida en ley.
Por supuesto que dentro la justicia hay excepciones, jueces honestos, que como en el caso de Mota quieren ir más allá de ciertos límites. Pero allí esta la institución de SCJ que aplica los “correctivos” institucionales para someterse al acuerdo político y el pacto.
La criminalización de la protesta
En nuestra nota publicada en 2021 (ver nota) decíamos que la persecución que se lleva adelante contra un grupo de conocidos luchadores sociales desde el año 2013, luego de esa gran movilización, la reapertura de la causa en 2021 y este nuevo elemento de condena ahora en 2023, tenía y tiene fines precisos. Ellos son amedrentar y colocar medidas ejemplarizantes, contra todos los que quieran movilizarse, luchar y exigir verdad, juicio y castigo, contra todos los golpistas, los violadores de los Derechos Humanos y sus autores intelectuales.
En esta persecución, en esta causa se expresa claramente la intención silenciar los reclamos por los Derechos Humanos y “dar vuelta la página”, acallando la protesta social. Y en ella están comprometidos, por acción u omisión, todos los partidos con representación parlamentaria.
Nada podemos esperar nada de este gobierno corrupto, ni de la justicia que no ha tenido, ni tendrá ninguna independencia de poderes. Aún hoy, a más de 38 años de la salida de la dictadura no se sabe dónde están los cuerpos de la mayoría de los desaparecidos y la mayoría de los responsables goza de impunidad. Frente a ello la SCJ no actúa, pero no le tiembla el pulso para condenar a los luchadores sociales que luchan por terminar con esa impunidad.
El escándalo de corrupción Astesiano-Marset , desnudo el funcionamiento de la policía, la justicia y Ministerios. También la situación del prófugo (ex asesor de Macri y ex director de YPF) “Pepín” Rodríguez, que permanece desde hace años en Punta del Este. “Su protector en Uruguay es Pablo Iturralde, presidente del Partido Blanco, muy vinculado a Luis Lacalle Pou”, afirmó Eduardo Valdés diputado del Frente de Todos en Argentina. (2) Esta es una justicia de clase, que condena en su enorme mayoría a los más pobres, a los trabajadores y los luchadores sociales.
Paro del día 23 del PIT CNT: solidaridad activa con los luchadores condenados y contra las reformas
En el año 2021 el Congreso del PIT CNT votó por unanimidad contra la condena de los militantes sociales y cuestionó a la justicia y la intención de volver a instalar la teoría de los dos demonios. Muchas cosas han sucedido desde entonces. Este miércoles 16 de marzo el presidente del PIT CNT, Marcelo Abdala, informó que ingresaron por la fuerza al Observatorio Luz Ibarburu, que cuenta con archivos y documentos sobre las violaciones de los derechos humanos. La condena a los luchadores sociales y estos nuevos hechos no son nada fortuitos y marcan una escalada reaccionaria.
Los mismos no puede quedar sin respuesta efectiva por parte de la Central Obrera, los hechos son muy graves para quedar en una simple denuncia policial, menos aún luego de conocido el accionar de la cúpula policial en el caso Astesiano-Marset.
Desde las bases los trabajadores debemos organizarnos para exigir la extensión del paro del día 23. Necesitamos que el paro general sea de 24 horas y con una gran movilización. A la lucha contra las reformas la plataforma debe agregar el pronunciamiento contra los procesamientos, que son nuevos atropellos a los Derechos Humanos. También son necesarias grandes asambleas, donde la base decida un conjunto de medidas para profundizar y continuar la lucha.
Llamamos también a todas las organizaciones de Derechos Humanos y a la FEUU, que fueron convocantes en 2013 a pronunciarse claramente contra los procesamientos y a convocar a una enorme movilización para el día 28 marzo, que fue citada desde la conferencia dada en ADEOM. Solo con una enorme lucha podremos enfrentar esta nueva arremetida del gobierno antiobrero y corrupto que busca criminalizar la protesta, silenciar los reclamos, brindando aire a los sectores reaccionarios de la ultra derecha.
Anulación de los procesamientos a los luchadores sociales
Todos al paro del día 23 – No a la criminalización de la protesta
Basta de Impunidad
Abajo las contrarreformas y el gobierno corrupto