Ayotzinapa apunta contra Peña Nieto

Continúan las masivas movilizaciones populares por el secuestro, desaparición y posible asesinato de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en el sureño estado de Guerrero. Ahora la lucha comienza a dirigirse contra el gobierno nacional del presidente Enrique Peña Nieto.

El caso Ayotzinapa dejó al desnudo varias cosas. La primera es el que numerosos gobiernos municipales (incluyendo sus policías) y estatales son directamente controlados por las bandas de narcotraficantes (como la llamada Guerreros Unidos). Este es el caso en el municipio de Iguala y en el estado de Guerrero en su conjunto. La segunda es que el gobierno nacional tiene una profunda complicidad con esos sectores por lo que ha hecho de todo para obstaculizar las investigaciones y el esclarecimiento de los hechos.

El narcotráfico

Por varias razones, como la extensa frontera común y el gran movimiento de personas en una y otra dirección, México se ha convertido en la principal puerta de entrada de drogas ilegales hacia EEUU, sea de producción propia o como ruta desde Colombia.

Algunas estimaciones calculan que el tráfico de drogas mueve anualmente entre 30 y 40 mil millones de dólares en México (cifra equivalente al PIB boliviano o paraguayo), con un altísimo margen de rentabilidad. Esto explica la proliferación de cárteles y sus extensos grupos armados, los cuales dominan muchas zonas geográficas del país, incluyendo municipios y gobiernos estatales como son los casos de Guerrero y su vecino Michoacán.

Explica, también, la “compra” o asociación con políticos burgueses de los distintos partidos, pues los cárteles realizan importantes aportes financieros a las campañas electorales de varios de ellos, incluido el propio PRI, el partido de Peña Nieto.

En muchos países existe un fuerte debate sobre qué hacer con el narcotráfico. Digamos que se trata,en realidad, de una rama de producción capitalista, aunque con características especiales por la altísima tasa de acumulación que genera a partir de su ilegalización.

Las burguesías, incluidas las imperialistas, están divididas frente a este tema. Un sector impulsa el fortalecimiento del “combate”, es decir de la represión. No sólo para impedir la aparición abrupta de nuevos sectores burgueses que acumularon gigantescos capitales con su explotación sino también (y en gran medida, fundamentalmente) porque justifica la creación de organismos de represión que, en última instancia, están dirigidos contra el movimiento de masas. Recordemos el uso que el gobierno de Bush hizo en su país y en Latinoamérica de la “guerra contra el narcotráfico”).

Otro sector opta por aliarse y recibir parte de los beneficios. Finalmente, están aquellos que defienden que la legalización de las drogas hoy prohibidas acabarían con el problema. Más allá de los debates morales, nuestra posición es a favor de la legalización de estas drogas y el fin inmediato de toda represión a los consumidores.

La “guerra sucia”

Sobre esta base estructural, los procesos desnudados por los hechos de Ayotzinapa son mucho más profundos. En México se desarrolla lo que se ha denominado una “guerra sucia” contra los movimientos y las luchas sociales. Se estima que en las últimas décadas ha provocado decenas de miles de muertos y treinta mil desaparecidos, a través de ejecuciones extrajudiciales, grupos paramilitares, torturas y masacres. Los hechos de Iguala son parte de este proceso: es un ataque dirigido contra un sector de estudiantes de amplia tradición combativa.

En esta “guerra”, la burguesía mexicana, el gobierno nacional y las bandas de narcos son aliados. Aunque quizá sería más correcto decir que la burguesía mexicana y el gobierno nacional utilizan a estas bandas (y a las policías municipales controladas por ellas) como herramientas de represión “sucia”.

Los “grupos de autodefensa”

En respuesta a la “guerra sucia” y a la alianza entre los gobiernos y los narcos comenzaron a surgir en el país los llamados “grupos de autodefensa” o “policías comunitarias”. Es decir, poblaciones de ciudades enteras que decidieron organizarse y armarse para defenderse. Especialmente en las regiones más dominadas por las bandas de narcos, aliadas a las instituciones y policías municipales, donde la violencia contra los habitantes es más dura, alcanzando incluso el control del precio de las mercaderías.

Así ocurrió en Michoacán, Cherán, La Ruana y Tepalcatepec, donde las “policías comunitarias” se armaron con facones, machetes y revólveres para contener a los narcotraficantes y a las propias policías municipales.

El gobierno y el Estado nacional comienzan entonces a intervenir. Pero no para atacar a los narcos sino para perseguir, detener y torturar a los principales dirigentes de los “grupos de autodefensa”. Defiende no sólo su alianza con los narcos sino también el “monopolio de las armas” que está en la base de todo estado y régimen burgués. Una población organizada y armada representa un gran peligro para el dominio capitalista y hay que darle un escarmiento.

La persecución a los integrantes de los grupos de autodefensa ha sido sistemática. Un censo realizado recientemente revela que en el país hay más de 3 mil presos vinculados con algún proceso político, número que el gobierno de Peña Nieto niega y esconde. Cuatrocientos de estos presos proviene de las organizaciones de autodefensa.

Los más conocidos son Nestora Salgado (dirigente de la Coordinación Regional de Autoridades Comunitarias- CRAC, que inició su lucha en la policía comunitaria de Olinalá y está presa hace más de un año) y el doctor José Manuel Mireles, del municipio de Tepalcatepec, líder y vocero de las Policías Comunitarias del Estado de Michoacán.

Un proceso de movilización de masas

Frente a esta situación, la indignación del pueblo mexicano es cada vez mayor. El secuestro de los estudiantes de Ayotzinapa ha generado un proceso de movilización que desde Iguala se extendió al estado de Guerrero y, desde allí, a todo México. En Iguala, la bronca llevó a quemar el edificio municipal y también fue atacada la Asamblea Legislativa del estado de Guerrero.

Decenas y cientos de miles han salido a las calles exigiendo el esclarecimiento del hecho y el castigo a los responsables, y recibieron la solidaridad de numerosos actos y manifestaciones en todo el mundo.

El 6 de octubre, un paro abarcó ocho estados y las movilizaciones siguieron extendiéndose hacia el norte y hacia el sur del país. En el centro del proceso se ubica el movimiento estudiantil y la comunidad educativa, en universidades y escuelas. Pero ellos cuentan con el apoyo de grandes sectores de la población. En noviembre, nuevamente hubo movilizaciones en casi todo el país.

A medida que los hechos no se esclarecían, la bronca fue aumentando y ya no afecta sólo a las autoridades municipales y estaduales sino que va dirigiéndose, de modo creciente, hacia el gobierno de Peña Nieto y el PRI, que trata de limitar los daños (es decir, los supuestos culpables) al grupo “Guerreros Unidos”, intentando ocultar su connivencia.

El 22 de octubre, en el marco de una jornada nacional, 70 mil personas marcharon en ciudad de México hacia la histórica plaza del Zócalo. La marcha ingresó a la plaza al grito de “¡Fuera Peña Nieto!” Fue la más grande movilización de masas en muchos años –y la más grande movilización estudiantil desde 1968— que levantó esta consigna desde que asumiera el actual presidente, en diciembre de 2012.

Más recientemente, manifestantes bloquearon el aeropuerto internacional de Acapulco y retrasaron el vuelo del presidente y su comitiva hacia China. Incluso ya existe una página de Facebook llamada “¡Fuera Peña Nieto!”. En las movilizaciones más recientes, se quemaron muñecos con la imagen del presidente.

Es que los hechos de Ayotzinapa actuaron como el detonante de la bronca contra un régimen y un gobierno que conservan fuertes rasgos bonapartistas y represivos. A esto se suma una situación económica y social que se deteriora y a la que el gobierno del PRI y Peña Nieto enfrentan con una política claramente proimperialista.

El actual proceso de movilización comienza a plantear, entonces -junto con el esclarecimiento del crimen de Ayotzinapa y el castigo a sus responsables- la renuncia de Peña Nieto y la apertura de un profundo proceso de discusión democrática sobre cómo debe ser dirigido el país.

Nosotros creemos que sólo un gobierno de los trabajadores podrá acabar con las lacras que afectan el país, originadas en un capitalismo semicolonial atado al imperialismo gringo, incluido el narcotráfico y la connivencia de la burguesía y el estado burgués con él.