Argentina Debates: Ley de Jardines Comunitarios

NACIONAL / POLÉMICA CON EL PTS

El debate sobre la Ley de Jardines Comunitarios

 
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La aprobación de la Ley de Jardines Comunitarios, impulsada por Alicia Sanchez (partido Miles-FPV) ha provocado un debate en la sociedad, que vio negativamente la sanción de esta propuesta. Atento a esta situación, al humor que despierta en la sociedad, el Gobernador de Buenos Aires, impulsó un veto parcial a la ley sancionada.
La Ley de Jardines contó con la aprobación del arco político oficial, pero también del diputado Cristian Castillo miembro del PTS e integrante del FIT, en su prensa partidaria intentan dar fundamento a este comportamiento.
La línea de argumentación es la siguiente “De nuestra parte consideramos que fue correcto el voto positivo a la ley, ya que a pesar de ser un parche establece entre otros puntos que: Los/las trabajadores/trabajadoras de los establecimientos de educación comunitaria serán reconocidos e incorporados a la D.G.C.yE.”, y agrega “es decir que pasan a tener estabilidad laboral y una situación de blanqueo que los deja en condiciones superiores a su estado anterior de precariedad absoluta”, “Desde la Lista Marrón Corriente 9 de abril estamos porque los actuales jardines comunitarios pasen a la órbita pública…”. Nosotros entendemos que los compañeros realizan un análisis equivocado y abren un importante debate.

 

¿Qué significa hoy la Escuela pública?

Desde nuestra corriente venimos sosteniendo que existe un plan del imperialismo de sustitución de los sistemas educativos. A partir del “consenso de Washington”, y las reuniones en Dakar, estos encuentros han definido a la educación como un bien transable. Una oportunidad que tienen los capitalistas, para amasar fabulosas ganancias. Para tal fin en toda Latinoamérica están en proceso de cambio los sistemas educativos. En nuestro país, La Ley 26.206 de Educación Nacional, como la Ley de Educación Provincial 13688, son los instrumentos legales para lograr estos objetivos. Estas leyes han resignificado el concepto de lo público. Hoy el universo de lo público comprende no solo la escuela pública sin fondos del Estado para su sostenimiento, también se suma como parte de lo público la gestión privada, aquí el Estado asigna más subsidios, y las escuelas publicas de gestión social. A la sanción de estas leyes mencionadas, se vienen instrumentando modificaciones que van en consonancia. Nosotros entendemos que la sanción de la Ley de Jardines Comunitarios que incorpora a la esfera pública los jardines comunitarios, como ley, tiene un carácter reaccionario, porque legaliza la ausencia del Estado en la construcción de jardines maternales y de infantes. No se puede desvincular cualquier aspecto progresivo que tenga la propuesta de Alicia Sánchez (FPV) del propósito general. La ley sancionada va en el sentido de la nueva configuración de lo público, expresadas en las leyes nacionales y provinciales de educación. En conclusión la Ley no es un parche, responde al plan de la burguesía y el imperialismo en materia de educación.

 

Los supuestos aspectos “progresivos de la ley”

Otros de los argumentos para justificar el apoyo a la ley, refieren a la situación de los trabajadores que salen de su situación de precarización. La ley enumera una serie de derechos, que le darían el contenido “progresivo”. Aquí el Gobierno realiza una maniobra porque otorga derechos pero quita otros. El primero, es el derecho a una educación pública estatal, en el cual el Estado cumpla con sus obligaciones de financiamiento para la construcción de jardines de infantes y maternales. De esta obligación, con la aprobación de esta ley, el Estado se desentiende. Los derechos que otorga, en relación a su situación de precariedad, quedan relativizados, porque los trabajadores de los jardines maternales, o jardín de infantes no quedaran encuadrados bajo el estatuto del docente y muchos no pueden estarlo.
Pero además no dice nada acerca de los subsidios que el Estado asigna a estas instituciones muchas de origen privado. Y qué decir de los miles de docentes que concurren a un acto público para obtener trabajo y que la desinversión de infraestructura, la no construcción de jardines de infantes, impide que tomen un cargo. Pero los compañeros en su afán justificatorio enuncian datos (que no se verifican) como que entre el 70% y el 90% (en Matanza) cumplimentarían las condiciones para ocupar el cargo.
Para nosotros, este comportamiento del PTS muestra que tienen una visión sindical y no política del asunto. Pierden de vista los objetivos políticos que tiene el Gobierno en materia educativa. Esto los lleva a renunciar a la lucha por la derogación de las leyes de educación, estrategia a la que debemos ganar a los docentes, a la comunidad educativa. Estamos en medio de un ataque integral a la educación, que tiene su expresión en estas leyes, en el Nuevo régimen académico, y en la puesta en marcha de una nueva oferta educativa, nos referimos a los planes de terminalidad, Fines 1, 2, y toda otra oferta educativa no formal. Decimos que existe un ataque integral y que apunta a diferentes objetivos. En principio, apunta al retiro del Estado en cuanto al sostenimiento de la educación pública. Precarizar las relaciones laborales, asestar un golpe cultural a la clase obrera, eliminando la posibilidad de acceso al conocimiento. Nosotros decimos que existe un saqueo. De la misma forma que existen otros mecanismos de saqueos al servicio de la recolonización, como son la expoliación de los recursos naturales y el pago de la deuda externa. No ver el objetivo político general, lleva a los compañeros de esta organización a apoyar los Planes Fines, que precarizan el conocimiento.

 

Una cuestión de método

Ante la acusación del Partido Obrero señalando que ellos no tienen responsabilidad, los compañeros del PTS, dicen que el apoyo critico a la ley fue parte de un acuerdo entre las tres fuerzas que componen el Frente de Izquierda.
No sabemos que hay de cierto en estas acusaciones y pases de factura, lo cierto es que este actuar de los parlamentarios de izquierda, abre una discusión que no solo comprende a los diputados electos por la izquierda sino a todos los luchadores y a los implicados, que son los trabajadores de la educación. Desde el PSTU entendemos que fue una victoria de la clase obrera la obtención de las bancas parlamentarias. Estas se tienen que colocar al servicio de las necesidades de los trabajadores y no a la inversa. Y entendemos que si hay un proyecto que afecta las condiciones de los trabajadores de la educación se debería haber sometido previamente a los organismos de nuestra clase. Esto se hace mas necesario cuando actualmente existen seccionales recuperadas en los SUTEBAs, dirigidas por la Multicolor. Nosotros como organización política somos parte de esas nuevas direcciones .Sin embargo, nos enteramos de la sanción de este proyecto mucho después, por los medios de comunicación masiva. ¿Por qué si los compañeros del PTS sabían de antemano, las características de este proyecto, no llevaron adelante la discusión en los organismos de la clase? Esto no implica que el debate esté clausurado, por el contrario, las seccionales recuperadas ya se han comenzado a pronunciar en contra, como Bahía Blanca y el plenario de las seccionales opositoras.

Los revolucionarios en el parlamento

Hay además un debate necesario entre quienes nos reivindicamos trotskistas. Hace parte de nuestra tradición el no votar a favor de leyes presentadas por los gobiernos capitalistas.
A veces esas leyes pueden tener un aspecto “progresivo”, pero siempre hacen parte de un plan general anti obrero, pro capitalista. Nosotros no consideramos que la ley de la que estamos hablando tenga algo de progresivo. Pero si ese fuera el caso, la utilizaríamos, la defenderíamos si es atacada por la derecha, haríamos exigencias o presentaríamos un proyecto alternativo, pero no votaríamos a favor de la ley del Gobierno, porque eso implica apoyar políticamente al plan general del cual hace parte.
Sobre este tema se refiere Trotsky en una carta referida a la Guerra Civil española:
“Un voto favorable al presupuesto en el parlamento, no es un acto de ayuda «material», sino un acto de solidaridad política. ¿Si es lícito votar por el presupuesto de Negrín, por que no habría de serlo enviar representantes a su gobierno? (…)
La pregunta de Shachtman: «¿Cómo podemos negarnos a entregar un millón para comprar fusiles para el frente?» nos ha sido hecha miles de veces a los marxistas revolucionarios por los reformistas: «¿Cómo no pueden votar los millones y millones necesarios para las escuelas y las carreteras, por no hablar de la defensa nacional?» Admitimos la necesidad de las escuelas y las carreteras, de la misma forma que admitimos la necesidad de la lucha contra Franco. Utilizamos los ferrocarriles «capitalistas», nuestros hijos van a las escuelas «capitalistas», pero nos negamos a votar los presupuestos del gobierno capitalista (…)
Desde el punto de vista de la agitación, no tenemos ninguna dificultad, hoy día, para explicar nuestra postura en España por el voto negativo: «Pedimos dos millones para fusiles, y sólo nos dan uno. Reclamamos la distribución de los fusiles con control obrero y nos lo niegan. ¿Cómo habíamos de dar voluntariamente nuestro dinero y nuestra confianza a un gobierno que nos hace esto? Todo trabajador comprenderá y apoyará nuestra postura”.1

Notas:
1 Ayuda España y apoyo a Negrín, Carta a Cannon, 21/9/1937.

 

 

6 de noviembre de 2014