El pasado mes de marzo transcurrieron 37 años desde que finalizó la dictadura (1985) y se conquistaron las libertades democráticas en nuestro país. Este cambio de régimen dentro del Uruguay capitalista – el paso de la dictadura a democracia burguesa, no significo el abandono total del poder de los militares y civiles golpistas, sino por el contrario estos terroristas de Estado pusieron condiciones para lo que denominaron “apertura democrática”.
Esas condiciones se plasmaron en un acuerdo, conocido como el Pacto del Club Naval y para ello contaron con la colaboración de los partidos políticos. Dirigentes del partido Colorado, la Unión Cívica, y el Frente Amplio se sentaron a “dialogar” y aceptaron proscripciones para las elecciones de 1985 como por ejemplo la de Liber Seregni (F A) y Wilson Ferreira Aldunate (PN) y cárceles que mantenían aún entre rejas a centenares de presos políticos.
El partido Nacional (Blanco) que se retiró de las negociaciones, lo hizo de forma oportunista para presionar la liberación de su líder. Prueba de esto fue que en 1986 el propio Wilson Ferreira fue impulsor y defendió junto a Sanguinetti la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, popularmente conocida como “Ley de Impunidad”. Aún hoy no existe un balance de aquellos acuerdos, lo cierto es que los pactos y el silencio, en los hechos todos cumplieron.
¿Habría caído la dictadura sin condiciones?
¿Las movilizaciones que crecían y cercaban a los golpistas tenían la fuerza para imponer su retiro y el juicio y castigo a torturadores, golpistas y violadores de DDHH? Nosotros opinamos que al igual que lo demostró el pueblo argentino eso era posible, las posibilidades estaban abiertas. Lamentablemente como hasta nuestros días, la “izquierda progresista” junto a la derecha prefirió la negociación, que implicó la impunidad.
Hoy a 37 años de instaladas las libertades democráticas la enorme mayoría de los desaparecidos (asesinados por la dictadura) no se sabe dónde están. De los aproximadamente 200 asesinados por la dictadura uruguaya, apenas 6 personas fueron halladas e identificadas en excavaciones, la mayoría de ellos en Batallones del Ejercito, otros 10 en las costas de nuestro país y más de una veintena fueron encontrados en Argentina y otros países. Más de 160 permanecen aún desaparecidos sin saber dónde están sus restos y los familiares siguen reclamando Verdad y Justicia y saber ¿Dónde están?
La organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos viene desde hace décadas organizando cada 20 de mayo la denominada marcha del silencio. Es una enorme movilización apoyada por las nuevas generaciones de jóvenes que suman masivamente. Todos tenemos un enorme respecto por esta organización y otras que buscan a sus seres queridos. Pero lo cierto es que esta lucha por saber dónde están, por verdad juicio y castigo necesita una gran lucha que termine con los silencios, que tenga continuidad.
La clase trabajadora y sus organizaciones deben tomar esta tarea y esta lucha, los más de cinco mil presos políticos, los 200 asesinados, las mujeres violadas y los miles de torturados que dejó el golpismo no pueden quedar impunes. Hoy la derecha y la ultra derecha quieren volver a imponer su relato falso de la historia, desde los altos cargos de las FFAA, grupos de civiles y el partido militar de Manini Rios, levantan más la voz defendiendo al puñado de violadores de Derechos Humanos, piden su libertad y reivindican su accionar.
Por eso la enorme necesidad, la gran tarea que tenemos para cerrarles el paso y seguir exigiendo Verdad, Juicio y Castigo, es organizarnos desde abajo en los lugares de trabajo, en los liceos, la UTU, la Universidad y en los barrios populares para que este nuevo 20 de mayo sea una enorme marcha, pero un primer paso de una enorme lucha que tenga continuidad y se vaya profundizando para que en ese camino podamos derrotar la impunidad y que vayan a una cárcel común todos los responsables.